PERU: INDEPENDENCIA Y BICENTENARIO

Pareciera que la historia oficial ignora  a Juan Santos Atahualpa (nació en Cusco 1710, criado por jesuitas), habría viajado a España,  Angola, Inglaterra, Francia e Italia y a su regreso   promovió una rebelión al comparar el viejo mundo con la explotación y abuso de los españoles con los indios. En la selva central congrego a los Ashaninka, Yanesha y Shipibo  e hizo estallar la rebelión en junio de 1742 hasta 1753. Otra rebelión surgió con Francisco  Inka en Lahuaytambo, Huarochirí, 25-07-1750. Luego vendría la  revolución (planificada 7 años antes) liderado por José Gabriel TUPAC AMARU el 04-11-1780, trascendiendo en toda América. El 28-07-1821 se proclama la Independencia del Perú, no produciendo cambios rápidos en la estructura estatal, recordemos que entre 1821 a 1860 se dictaron 6 constituciones en  la nueva República seguida del asedio español por  “recuperar lo perdido”; está el combate del 02-05-1866 y 1879 la infausta guerra con Chile, este curiosamente, gran inversor o invasor económico en el Perú de hoy. Somos un país “sangrante” bastante tiempo, con una estructura económica primaria exportadora sospechosamente calculada o ¿planificada tal vez?

El ex Rector de San Marcos, Manuel  Burga nos dice “que el Bicentenario de la Independencia puede ser, para historiadores, políticos y analistas en general, una buena oportunidad para preguntarse por las claves de nuestra historia y también para saber dónde realmente nos encontramos”.  Por su parte, el politicólogo Julio Cotler, sostiene “que  la herencia colonial es la principal clave histórica para explicar nuestra vida republicana. Patrimonialismo, clientelismo, marginación indígena y otras etnias, corrupción generalizada, son algunos componentes de esa pesada herencia”. Nos explicamos; en plazas y calles  nuestros  políticos con emblemas del Tahuantinsuyo   han hecho  promesas, inventaron falsas ilusiones  con informaciones engañosas y sospechosas, luego defraudaron, convirtiendo sus promesas en estafas. Este ha sido  o es  el estilo  reiterado de actuar de la clase política en los últimos 60 años, sino veamos el mapeo con un mar de pobreza  e islas de riqueza.

La histórica  y estratégica provincia de  Huarochirí el próximo 4 de agosto cumplirá 191 años de creación, según decreto dictado por José de San Martin y Matorras. Nos encontramos, entonces, con dos Bicentenarios uno nacional y otro provincial para el 2021. En tal contexto, la Municipalidad Provincial de Huarochirí debe crear una Comisión Multidisciplinaria para desarrollar nuevos estudios y generar un gran debate sobre la memoria colectiva,  evitando el uso inadecuado  del pasado con fines frívolos o intereses políticos; asimismo, establecer cuánto hemos avanzado ó por qué no hemos avanzado y qué hacer. Buena parte  de la historia huarochirana aun no considera algunas cuestiones de  fondo que no han sido explicados o justificados. Finalmente, creo que demandar a los alcaldes de la provincia desarrollar una agenda  de trabajo articulado, no es mucho pedir. Hay temas relevantes: limites territoriales, tratamiento de residuos sólidos, titulación de predios rurales, baja calidad de la educación, carencia de nuevas tecnologías, infraestructura de riego, tecnificar la agricultura y ganadería con programas sostenibles. Un abrazo por fiestas patrias.

Flameantes la Bandera Nacional y la bandera del Tahuantinsuyo.

TUPAC AMARU Y LA MINERIA

 “Aquí no hay sino dos culpables: tú, por oprimir a mi pueblo, y yo por querer liberarlo”.  Así contestó José Gabriel  TUPAC AMARU al Visitador Areche en el Cusco, 1781. Aquellas palabras históricas dirigidas al representante del Rey de España  nos  grafica  en la mente: un escenario social con opresores y oprimidos; actores opuestos, uno que oprime  y otro que quiere liberarlo. Imaginamos el siglo XVII e inicios  del  XVIII  a  caciques o curacas; condes y marqueses;  hacendados, campesinos y esclavos negros;  indios, criollos y mestizos;  virreyes y corregidores; frailes  o sacerdotes;  minería,  mita, mitayos y la ambición por el oro y plata.

Ahora bien,  aquella ambición trajo los azotes y otras crueldades para los indios dentro de los socavones  seguida de muerte como animales y sin pago por su  trabajo, así denuncio Diego Cristóbal Túpac  Amaru el 29 de agosto de 1781. La prédica contra la mita minera  fue expuesta en la gesta revolucionaria, pues, la   incidencia en la agricultura era el abandono forzado para trabajar  en las minas.  A falta de mano de obra  en las minas se decía que el Perú tiene  inagotables “minas de indios”.  Testimonios sobre la crueldad que sufría el indio en la minería lo dieron  Fray Diego de Ocaña y el franciscano Buenaventura de Salinas y Córdova. Es incuestionable, sin la mita se hundía la  minería imperial española, como  corsarios ingleses hundían buques con bandera de España cargados de oro y plata. Por  el trato  inhumano, la forma predatoria y puramente extractiva  del precioso mineral ha generado rebeliones, luchas y otros eventos que la historia colonial peruana registra.

En lo medular de este comentario está el oro y plata habidos en tierra de los Incas. Los metales se convierten  en la codicia de los españoles a partir de 1532 en Cajamarca, donde se produce  la primera estafa, el primer secuestro, extorsión y asesinato con varios ladrones. La historia de la minería en el Perú sigue escribiendo hechos parecidos, pero con  diferentes actores, otros escenarios sociales, pero el mismo metal, oro y plata. No hay rebelión, pero hay conflictos medio ambiental  en Cajamarca. No hay crueldad en socavones, pero hay reclamos salariales y una ciudad más contaminada del mundo (la Oroya);  no hay  opresión, pero sigue la exclusión; no hay caciques, curacas y  virreyes, pero hay dirigentes gremiales, presidente regional  y ministros  que no dialogan, generando  que 2 miembros de la Iglesia faciliten el diálogo; no hay sacerdotes o frailes del siglo XVII, pero hay sacerdotes  ambientalistas denunciados, excomulgados y encarcelados;  no hay corsarios ingleses, pero hay robo o corrupción desde el Estado; no hay felipillos, pero algunos dirigentes han recibido cheques en blanco de empresarios mineros para callar, no ver, ni escuchar, ¿cuándo no?, según denuncia el ultimo domingo 22 un canal de televisión; no hay lucha por otra independencia, pero sí por la vida y protección del ambiente.
Estamos, entonces, ante expropiaciones e invasión de tierras comunales, contaminación y depredación ambiental. Los daños ocasionados constituyen atentados contra los derechos humanos. 400 años después de explotación minera no podemos decir que la calidad de vida ha mejorado por la minería. Los beneficios económicos de la minería tiene que ser compartida, donde hay un perjuicio, hay beneficios. ¿Oh eliminamos la utilización suntuaria del oro como metal “precioso”?.

INDEPENDENCIA Y BICENTENARIOS EN AMERICA

La historia de América registra que HAITI, 1 de enero de 1804 fue el primer Estado independiente en América Latina. BOLIVIA 25 de mayo de 1809. ECUADOR 10 de agosto de 1809. VENEZUELA 19 de abril de 1810. ARGENTINA 25 de mayo de 1810. COLOMBIA 20 de julio de 1810. MEXICO  16 de setiembre de 1810. CHILE 18 de setiembre de 1810. PARAGUAY 14 de mayo de 1811. PERU 28 de julio de 1821. GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA, COSTA  RICA  y  EL SALVADOR  15 de setiembre de 1821. PANAMA 28 de noviembre de 1821. BRASIL 7 de setiembre de 1822 de Portugal. URUGUAY 25 de agosto de 1825 de Brasil. TRINIDAD Y TOBAGO 31 de agosto de 1962 de  Reino Unido. SURINAM 25 de noviembre de 1975 de Holanda. En realidad, la emancipación efectivamente de México fue en 1821, Bolivia  en 1825, Ecuador en 1822 y Guatemala su independencia de México fue en 1823. México, Ecuador, Bolivia y Chile ya celebraron su bicentenario, es decir, celebraron el primer grito de independencia en sus países, más no la consumación de su libertad.

En Perú, el proceso de su independencia  registra como primer acto de rebelión el producido por Juan Santos Atahualpa en la selva central en 1742, 11 años de lucha; el de Francisco Inca en Lahuaytambo, Huarochirí  (los conjurados de Lima) en 1750. Luego vendría  la revolución de José Gabriel TUPAC AMARU el 04-11-1780, origen de la independencia del Perú y América. Entre los años de  1742 al 06 de  octubre de 1783 se produjeron 107 sucesos  sobre violencia y rebelión contra  la corona española. (Juan José Vega. Túpac Amaru. Editorial Universo SA. Lima, 1969). 40 años después de 1780, obviamente con distintas luchas sociales  y pugnas,  el Intendente de Trujillo don José Bernardo Torre Tagle declara la Independencia el 29 de diciembre de 1820; luego,  el 28 de julio de 1821, en la ciudad de Lima,  lo haría el General  José de San Martin y Matorras. Cabe recordar que con las  batallas de Junín y Ayacucho en 1824 se concreta la independencia con la aceptación de las autoridades virreinales.

Para el 2021, según CEPLAN, el Perú tendrá  una población de 33’ 149,000 habitantes. A pocos años del bicentenario el escenario político y social es complejo por los conflictos socio ambiental, desigualdad y pobreza, baja calidad de la educación, sin nueva Constitución  Política y poco avance en  reforma del  Estado, etc.  El bicentenario no debería entenderse solo como una celebración, sino un referente de un antes y un después en la historia del Perú con una memoria colectiva cohesionada. En ese sentido, el novísimo Ministerio de Cultura debe concluir con recuperar del exterior las piezas arqueológicas, asimismo, repatriar los documentos, manuscritos y crónicas desde 1532 que se conservan dispersos en distintos países; pues, más importante es tenerlos en Perú para su lectura, estudio, análisis  y evaluación de lo sucedido, reforzaría  la identidad, además de conocer nuevos actores, nuevos hechos y nuevas verdades.

José Gabriel Tupac Amaru. Obra del maestro

Milner Cajahuaringa.

APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS EN ZONA RURAL

El derecho a la vida, a la salud y a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado son derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política. El aire es un recurso vital para el desarrollo de la vida, entonces hay que protegerlo. El agua es un recurso natural renovable, vulnerable e indispensable para la vida, es patrimonio de la Nación y su dominio es inalienable e imprescriptible. No hay propiedad privada sobre el agua. En la Región Lima hay  13 cuencas hidrográficas cada una con lagunas cristalinas. Los espejos de agua en cabecera de cuenca conservan su pureza, pero desde la zona donde “nacen” los riachuelos o ríos que recorren hasta el mar, su cuidado y protección por habitantes en sus riveras y autoridades es nula, no obstante existir leyes y reglamentos. El aire y el agua ¿están contaminados por residuos sólidos? Es relevante recordar que la Ley General de Residuos Sólidos establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar la gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, bajo los principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona humana. Entonces, ¿por qué seguir arrojando residuos sólidos en calles, caminos, carreteras, quebradas y ríos? Ver en este blog, “Huarochirí: Medio Ambiente y Gobierno Local”,  08-04-2011.

Ahora bien, en las ciudades urbanas las bondades de nuevas tecnologías ha generado el consumo masivo de aparatos eléctricos y electrónicos; asimismo, el proceso de electrificación en zonas rurales ha sido gravitante para la demanda masiva de aquellos aparatos, con insospechado incremento. Recientemente, el Ministerio del Ambiente por DS. No. 001-2012-MINAM aprobó el Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, estableciendo  derechos y obligaciones en las diferentes etapas de manejo: generación, recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento, reaprovechamiento y disposición final a efectos de prevenir, controlar, mitigar y evitar daños a la salud de las personas y al ambiente. Fija también,  responsabilidades compartidas para  productores, municipalidades provinciales y distritales, operadores del RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) y consumidores o usuarios. Si el manejo actual de los RAEE es inadecuado y representan un riesgo para la salud humana y para el ambiente; nos corresponde actuar con nuevas  actitudes, conductas y decisiones en el marco de la ley. Se argumenta que, aquellos residuos contienen componentes valiosos que pueden recuperarse en lugar de arrojarlos en botaderos y rellenos sanitarios, y cuyo manejo adecuado brindaría fuentes de trabajo. Por tanto, consideramos que los gobiernos locales deben informar aquella temática y sensibilizar a la población con actividades científicas y culturales para protección de la vida y el medio ambiente.

El citado reglamento precisa las categorías de los aparatos eléctricos y electrónicos, Veamos: Grandes electrodomésticos – Pequeños electrodomésticos – Equipos de informática y telecomunicaciones – Aparatos electrónicos de consumo – Aparatos de alumbrado – Herramientas eléctricas y electrónicas – Juguetes o equipos deportivos y de tiempo – Aparatos médicos (excepto todos los productos implantados e infectados) – Instrumentos de vigilancia y control – Máquinas expendedoras. Hasta pronto.

           

COMUNIDAD CAMPESINA DE JICAMARCA… (Ultima parte)

Siendo Presidente  de la comunidad campesina de Jicamarca el señor Dionisio Huapaya Jiménez se han producido  con celeridad inusual  los siguientes actos:

1. 20-10-1999, fecha de una citación para Asamblea Comunal Extraordinaria
2. 06-11-1999, fecha de legalización del Libro de Actas. Notario Ljubica N. Sekula Delgado.
3. 08-11-1999, fecha de la Asamblea  cuya agenda es transferir terrenos
4. 24-11-1999, fecha de la minuta de transferencia
5. 24-11-1999, fecha de la escritura pública. Notario Cesar H. Bazán Naveda      
6. El comprador Jorge Velazco Murillo y otros renuncian  más de 50 hectáreas. Escritura  pública del 09-05-2002. Notaria,  María Soledad Pérez  Tello.

Este caso se ventila ante el Juzgado Mixto de Huarochirí, Matucana. Se pretende en el proceso, la nulidad de la Asamblea  del 08-11-1999. Entre los argumentos se expone que no se produjo ninguna Asamblea,  93 comuneros que aparecen firmando el Acta no estuvieron presente, se falsificaron firmas, etc. Similares argumentos ocurre en los procesos 89-2002, 96-2002-C y 101-2002. Una muestra del remate de tierras comunales sucede, por ejemplo: en el Libro de Actas No. 23  legalizado ante  Juez de Paz el 28-06-2006  a folios 124/140 aparece la Asamblea  del 28-10-2006, fijando como agenda la venta de terrenos comunales. El Acta menciona 19  transferencias  de  44 mil hectáreas por un valor aproximado de S/. 140,000.00. 

       No.EXP.           NULIDAD DE ASAMBLEA            M2/HECTAREAS

       101-2002                05 de octubre de 1999                          30,330 m2.

         89-2002                08 de noviembre de 1999                          400 has.

       105-2002                08 de noviembre  de 1999                    205.13 has.

         96-2002                03 de abril del 2000                              247.33 has.

Muchos compradores son traficantes de tierras comunales, otros testaferros,  financistas, operadores de invasiones (generalmente delincuentes). El comprador, luego,  realiza transferencias en serie de lotes  vía  minutas  y   escritura pública  donde el nuevo adquiriente es victima de estafa dado que no hay independización, más bien hay superposición de lotes en el Registro   ó el lote esta ocupado por terceros  que, también, tienen contratos de transferencia o certificados de posesión. En otros casos, el comprador encarga y financia invasiones para desalojar a humildes familias  y obtener mayor ventaja económica  con nuevas transferencias. Tanto minutas  como  escrituras públicas se formalizan  no obstante  procesos judiciales en trámite.

Obviamente, los afectados y la población perciben que el Estado ha perdido autoridad en la problemática de expansión urbana en tierras comunales. El Ministerio Público y el Poder Judicial  invierten ingentes recursos públicos sin producir solución oportuna. Hay corrupción en la Administración de Justicia  lo admite el Presidente del Poder Judicial, Dr. César San Martín. Subsiste la tenencia ilegal de tierras, informalidad y desordenada  expansión urbana; asimismo, debe ponerse fin a la incertidumbre y controversias de límites territoriales que el Tribunal Constitucional  ha exhortado al  Poder  Ejecutivo  y Congreso de la República hace 7 años.

El pueblo  y  la comunidad campesina de Jicamarca han perdido su territorio por la incertidumbre de límites territoriales no precisados en la ley de creación de distritos, provincias y el ocio legislativo. Asimismo, por la acción dolosa de muchos dirigentes comunales y la pasividad o complicidad del Ministerio de Vivienda y Municipalidades en temas de expansión urbana. ¿Cuánto  dinero han acumulado los traficantes de tierras en  perjuicio de  la comunidad campesina de Jicamarca?  Existe acuerdo de la comunidad en el sentido de que el dinero por la venta servirá para carreteras, agua potable, etc.  Funcionarios del Ministerio de Agricultura nos informan que las comunidades campesinas gozan de autonomía en su organización interna, por tanto no pueden hacer ninguna fiscalización. Obviamente, hay intereses que se protegen y responsables que se ocultan con el manto oscuro del poder.

Nota.- Nuestra unidad de investigación prosigue  su labor. Agradecemos a las personas victimas de estafa, invasiones, usurpación y extorsión,  por su valentía en facilitar  nuestra labor. 

COMPROMISO PÚBLICO EN UN CENTENARIO

Es 10 de la mañana, viernes 20 de abril del 2012 en la apacible ciudad de Matucana con sol brillante y el verdor de  los cerros. Los vecinos transitan para sus gestiones en la Municipalidad, Banco de la Nación, Gobernación, Juzgados, Ministerio Público,  RENIEC, profesores en la UGEL 15, abogados, litigantes, dirigentes de la Comunidad Campesina de Jicamarca, etc. En la puerta principal del Palacio Municipal hay personal de seguridad acompañado de seguridad canina. Frente a la Iglesia se ha instalado un ambiente y por micrófono se convoca a la población asistir a una Audiencia Pública. Dado el interés del evento indago y me entregan  un comunicado  que dice: “A la población en general. Se les convoca a todos los ciudadanos, a la audiencia pública, a realizarse el día viernes 20 de abril a horas 10:00 a.m. en la Plaza Independencia,  a fin de tomar acuerdos y decisiones sobre las obras públicas que se pretende realizar sin el consentimiento de la población. Te esperamos. La Comisión”. Luego, antes del medio día se produce una marcha pacífica por las calles céntricas de la ciudad y un grupo de ciudadanos comenta que se derribará el Mercado Municipal para construir otro y recuerdan  que tal construcción  o inversión pública no fue aprobado en el  proceso del presupuesto participativo 2011. Preguntado si aquella convocatoria tiene relación con el proceso de revocatoria de la Alcaldesa Provincial, recibo por respuesta: “la falta de transparencia, la falta de calidad del gasto público; irracional incremento de planillas y la improductiva labor de los señores regidores a generado desconfianza en la población, se sienten defraudados  y por eso la revocatoria esta en marcha en Matucana”, refieren los vecinos.

Ahora bien, los que de alguna manera estamos vinculados con la labor periodística,  la ciudadanía desea  conocer la opinión  del comunicador social, en este caso sobre la revocatoria de alcaldes y regidores. Bueno,  nos guste o no, vivimos bajo las reglas de una democracia y una de esas reglas es, por ejemplo, que un Alcalde o Regidor puede ser revocado de su cargo, entonces, todo ciudadano puede recurrir al mecanismo de la revocatoria cuando  se den las circunstancias objetivas. Ningún Alcalde o Regidor  puede rasgarse las vestiduras si algún ciudadano promueve  o  propone quitarle la confianza, es más, tales autoridades conocían de aquellas reglas (antes del cargo)  y son los electores que deciden en votación, no el  promotor de un proceso legítimo, tampoco se justifica que algunos adláteres hagan bulla u otros callen. Alcalde o Regidor no deben sentirse agraviados por el que ejerce un derecho ciudadano, más bien, estas autoridades locales sí son víctimas del sistema económico y político en el país; víctima de un Estado demasiado burocrático, lento, informal y corrupto a la vez; imponente escenario social sobre el cual muchos alcaldes actúan con doble moral pública, doble discurso, dosis de frivolidad, ignorando o alejándose de la técnica, la ciencia y nuevas tecnologías. Con aquellas flaquezas y debilidades no se puede generar cambios estructurales que el pueblo reclama.

Ciudadanas y ciudadanos de un pueblo llegan a sentirse defraudados o engañados por un  Alcalde o Regidor cuando estos no cumplen sus compromisos públicos. Un ejemplo ilustrativo de aquello puede ser  el siguiente hecho. Sucede que la Alcaldesa Provincial de Huarochirí señora Rosa Vásquez  Cuadrado en la plaza del pueblo de  Huancata, septiembre 2005, con  presencia del  Ing. Beethoven Cuellar  Tello e Isael Florencio, Alcalde de Huarochirí  y  Sangallaya respectivamente, visitantes de pueblos vecinos, residentes llegados del extranjero y público en general al celebrarse el Primer Centenario del pueblo, la primera autoridad provincial prometió el asfaltado de la carretera HUANCATA-SANGALLAYA. Pasaron más de seis años y el asfaltado o pista esta en cero. Entonces, no cumplir  un  compromiso público contraído en  la plaza de mi pueblo celebrando sus 100 años,  estimo que es una burla,  por tanto, estoy por  la revocatoria, máxime si en el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Provincia de Huarochirí 2008-2018, no aparece ni como idea de proyecto aquel compromiso público que ha contraído la Alcaldesa Provincial. Pensar  o actuar  en sentido contrario  no seria  nada honesto con mi conciencia y el pueblo de Huancata. Por lo mismo, si en otras localidades hubo compromisos públicos contraídos, pero no satisfechos  o incumplidos seguramente coincidirán conmigo. 

 Huancata. En la parte superior izquierda se aprecia la carretera Huancata -Sangallaya
Foto: Sercovp

COMUNIDAD CAMPESINA DE JICAMARCA… (Tercera parte)

La Constitución Política de 1979, con mayoría constituyente aprista, estableció la transferencia de tierras comunales.  Luego, el gobierno aprista en 1985  encuentra en una incipiente formación los anexos de la  comunidad campesina de Jicamarca denominados: La Vizcachera, El Vallecito, Santa Rosa, La Parra, El Algarrobo, Río Seco, Los Jardines de Jicamarca, Media Luna y otros más (ver Blas Gutiérrez).  El 13-04-1987  el Presidente García  promulga la Ley No. 24656 que permite, por excepción, enajenar tierras comunales. Entre febrero de 1986,  julio de 1987  y diciembre de 1987 salen a luz sendos comunicados públicos de la comunidad  denunciando el tráfico de tierras comunales, corrupción en juzgados civiles, agrarios y penales que tienen a su cargo diversos procesos vinculados con juntas directivas comunales paralelas, transferencias de tierras, invasiones, usurpación agravada, etc. 

La actual Carta, numeral  89, primer párrafo,  establece: “Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas”.  Más adelante, el citado artículo constitucional asigna a las comunidades autonomía en su organización, en el trabajo comunal, en el uso y la libre disposición de sus tierras, asimismo, el manejo económico y administrativo. Para nada se toca la transferencia de tierras comunales, como si lo hacia la Constitución de 1979. Efectivamente, las comunidades  campesinas tienen existencia milenaria, se han organizado en grupos de seres humanos (en la colonia reducidos en pueblos)  vinculados con un territorio ancestral  donde han vivido. El ex Senador E. Bernales, nos dice: “…Las comunidades tienen una cierta particularidad cultural, propia de la interacción histórica de los miembros que la componen, y del relativo aislamiento con el que vivieron y, muchas, viven aun. También su cultura y su cosmovisión pertenecen al concepto de comunidad… Por consiguiente, cuando hablamos de las comunidades campesinas y nativas, tratamos de un concepto que incluye contenidos históricos, sociales, culturales, económicos, territoriales y, también, jurídicos. Pero estos últimos, en su caso, no son sino el reconocimiento de una sólida realidad humana integral existente…” 

Nuestras investigaciones nos permiten concluir que  la expansión urbana  en terrenos comunales  de Jicamarca es desordenada, informal  y corrupta. En el Juzgado Mixto de Huarochirí, Matucana, existen un aproximado de 50 procesos en trámite, hay una sobre carga procesal que llevan varios años sin resolver;  hay incertidumbre si algunos predios  pertenecen a  S. J. de Lurigancho o San Antonio y se estima que  hay cerca de 180 títulos pendientes  de registrar en la SUNARP; se ha verificado  que dos ex Presidentes comunales señores: Andrés Rodríguez Arias y Dionisio Huapaya Jiménez  tienen en su haber un total de 56 denuncias penales, asimismo,  en una muestra de solamente 25 reportes del Ministerio Público resultan 100 denunciados  y 40 agraviados, inclusive el Estado.  También existen procesos  en el Juzgado Mixto de  San Juan de Lurigancho y Lima.  El Estado invierte ingentes sumas de dinero en  los procesos que luego en el camino  los justiciables se desisten de sus pretensiones, siendo esta una conducta sospechosa y concertada de demandante-demandado con fines ilícitos. Si hiciéramos una operación del costo que genera cada expediente judicial en el caso Jicamarca, tendríamos millones de nuevos soles que el Estado distrae, sin lograr  la paz social en justicia.

Es un hecho cierto el crecimiento  poblacional  y  el déficit de viviendas cuantitativas  y cualitativas como los dice CEPLAN. El concepto de comunidad campesina, para el caso de Jicamarca, en la práctica se va diluyendo  de  su organización primigenia: incertidumbre del número de comuneros,  trabajo comunal no existe en función de solidaridad  y reciprocidad; la administración de sus rentas no existe,  no hay  control  ni fiscalización, el caos en la organización comunal  es manifiesta; hay predominio individual por contar con una vivienda.  Este escenario comunal facilita el accionar de  traficantes de  tierras, financistas y operadores de  invasiones  alrededor de abogados,  ingenieros; mientras  que policías  y  representantes del Ministerio Público se ven  tentados por coimas e influencias políticas.  En suma, la comunidad campesina de Jicamarca ha perdido su esencia  comunal  agraria por efectos de la expansión urbana sin planificación. El precepto constitucional de asignar autonomía a las comunidades en el uso y la libre disposición de sus tierras comunales generaron actos perversos.  Sí CEPLAN nos dice que el déficit de viviendas en el departamento de Lima es de 23.86%, por qué seguir creciendo desordenadamente?  ¿Porqué no optar por viviendas multifamiliares?  Es obvio que la informalidad es una característica de nuestro sub desarrollo. La informalidad también frena la inversión privada, limita  el acceso al crédito  para la construcción de una vivienda. Hay información extraoficial  en el sentido de que COFOPRI  por  las denuncias, investigaciones y procesos judiciales en curso no  programa la titulación  de miles de viviendas en Jicamarca. ¿Hay intereses económicos y políticos para mantener el desorden,  la informalidad  y corrupción con  tierras comunales?

La pobreza y la migración interna, entre otros factores, han motivado  una ocupación desordenada del territorio peruano, y que la mayor parte de las ciudades se han desarrollado informalmente en terrenos no habilitados y que no cuenta con servicios básicos. Edésio Fernandes, abogado y urbanista brasileño, profesor de la Universidad de Londres y del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo (EE.UU),  ha señalado que “el rápido crecimiento urbano de los países en desarrollo esta acompañado  por procesos combinados de exclusión social y segregación espacial, cuya consecuencia más notoria es la proliferación del acceso informal e ilegal a la vivienda  y al suelo urbano”. Y refiriéndose a América Latina nos dice: “la tenencia ilegal se ha convertido en la forma principal de desarrollo de suelo urbano en la región”. Resulta imprescindible incluir en la Constitución un capítulo sobre  “Política Urbana”. Una política urbana integral y justa, que incluya  una política de tierras que promueva el  acceso legal y ordenado al suelo urbano, evitando las ocupaciones ilegales. (Tomado de Jurídica No. 231. Suplemento de  análisis legal, diario oficial El Peruano, edición 30-12-2008).  A tal propuesta  de política urbana habría que incorporar, también,  en la Constitución un tratamiento excepcional a las tierras comunales cuando de  expansión urbana se trata. Y, sobre la problemática que afronta  Jicamarca, debe ponerse fin y/o declararse nula las transferencias que han violado la Ley No. 24656 y su reglamento  por tratarse normas de interés público, y los compromisos  acordados en asamblea comunal a favor de los poseedores de lotes de terreno deben ser respetados. (Continuara).  

COMUNIDAD CAMPESINA DE JICAMARCA… (Segunda parte)

Sobre Jicamarca su existencia es inmemorial. La historia registra que sus títulos  de reconocimiento comunal corresponden a los años  de 1863 y 1884. El  22 de octubre de 1958 el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas mediante una Resolución Ministerial autorizo un levantamiento del plano de conjunto. Hoy en día, el título de propiedad de sus tierras se encuentra inscrito en el Registro de Propiedad Inmueble de Lima. Blas Gutiérrez Galindo, dice: “Actualmente, Jicamarca se encuentra albergando una gama diversa de centros poblados. Puede distinguirse fácilmente dos partes diferentes: una constituida por el pueblo tradicional, de fundación española para reducir la población dispersa en los valles piemontanos, que se encuentra sobre los 3,400 metros de altura y que muestra características propias de una sociedad de pastores; otra parte está conformada por el conjunto de anexos o barriadas de la arte baja del territorio comunal, ocupada en su mayor parte por migrantes”. La migración del campo a la ciudad ha generado, entonces, una nueva configuración del espacio social  limeño ocupando formalmente e “invadiendo”  tierras comunales en la parte baja de la comunidad campesina de Jicamarca.

Siguiendo el estudio de Blas Gutiérrez tenemos que a inicios de 1990 existían 24 anexos en la comunidad,  según declaraciones públicas de las autoridades. Lo que sigue la numeración y denominación de los anexos:

1. Santa Cruz de Cajamarquilla               
2. La Vizcachera                                    
3. Media Luna                                      
4. La Perla de Jicamarca                        
5. Yanacoto                                           
6. Chacrasana                                        
7. ------------------                               
8. Cerro Camote                                    
9.  -------------------                                      
10. El Algarrobo                                      
11. San Antonio de T. Blanca                  
12. El Vallecito 
13. Pedregal Alto
14. --------------------
15. Río Seco
16. --------------------
17. Alta Paloma
18. Carapongo Alto
19. La Campana
20. ----------------------
21. ----------------------
22. Canto Grande
23. Santa Rosa
24. Jardines de Jicamarca                                       

La  fuente citada precisa  que los espacios sin denominación del anexo indica la existencia de áreas de reserva, separadas originalmente por asociaciones con propósitos urbanizadores, entre otros motivos.

Jicamarca pertenece al Distrito de San Antonio cuya población electoral es 12,758, mientras que en la Provincia de Huarochirí  hay 60,158 electores. El JNE ha publicado el Plan de Gobierno Municipal 2011-2014 de la candidata al  Municipio Provincial de Huarochirí, punto  4.3 donde   se plantea apoyar en coordinación con COFOPRI el proceso de titulación en las diferentes urbanizaciones y asentamientos humanos de la provincia, brindando, incluso, apoyo técnico; elaborar un proyecto para el Programa “Yo puedo mejorar mi vivienda” dirigido a los sectores D y E. Más adelante,  hay el compromiso de elaborar el catastro de la provincia a fin de planificar ordenadamente el territorio con planes de corto, mediano y largo plazo; pero no se visualiza sobre la problemática de Jicamarca. En el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Provincia de Huarochirí 2008-2018  encontramos el Sub Programa: Formalizar la propiedad urbana y rural para los distritos de Matucana, Santa Eulalia y Antioquia; no  se aborda el tema  Jicamarca.  En todo caso la titulación no forma parte de una política pública como derecho a la propiedad individual o colectiva. Hoy, la alcaldesa del Distrito de San Antonio y la Provincia  de Huarochirí enfrentan el proceso de revocatoria en marcha.

Por su parte, el PLAN BICENTENARIO: El Perú hacia el 2021, elaborado  por  CEPLAN, Lima, febrero 2011,  Eje Estratégico 2: Oportunidades y acceso a los servicios, tema sobre vivienda  expone: “el déficit de viviendas en el país se mide en forma cuantitativa y también cualitativa. El déficit cuantitativo se refiere al número total de viviendas demandadas menos las ofertadas, y alcanza las  389, 475 viviendas. El déficit cualitativo esta formado por la existencia de viviendas cuyas características físicas o su situación de hacinamiento no satisfacen las condiciones mínimas de habitabilidad. El déficit cualitativo es de 1’470,947 viviendas”. Más adelante dicho plan señala que la mayor concentración de déficit cuantitativo y cualitativo  de viviendas se registra en el Departamentos de Lima (23,86%). Además, es relevante la siguiente conclusión: “Uno de los problemas que obstaculizan la inversión en la construcción de viviendas es la informalidad en la propiedad de los predios. En el ámbito urbano, el 44% es poseído ilegalmente, mientras que en el sector rural la informalidad alcanza al 88% del total de predios. En el caso de las edificaciones, la informalidad alcanza al 70% del total”.  Otro documento importante producido desde el Estado lo constituye la Resolución Jefatural  No. 008-2010-PCM/DNTDT del 09-07-2010 emitido por la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial, el mismo que aprueba el Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la Provincia de Huarochirí elaborado por el Gobierno Regional de Lima. Se establece en dicha resolución que el estudio tendrá una vigencia de 10 años. Sobre los avances  y/o  implementación del Diagnóstico y Zonificación  a que se refiere dicha resolución no se tienen datos oficiales disponibles.

Lo expuesto  nos permite arribar a lo siguiente: A nivel del Ministerio de Vivienda y la Municipalidad Provincial de Huarochirí, no se exhibe una política pública sobre  expansión urbana planificada, sin embargo, la expansión urbana informal y desordenada crece en tierras  de Jicamarca, donde esta no es convocada, no obstante el interés púbico. (Continuara).

COMUNIDAD CAMPESINA DE JICAMARCA Y EXPANSION URBANA: ¿invadiendo?

En el Informe No. 02, setiembre 2000, página 28, publicado por la Asociación Provincial  Huarochirí, se solicitaba que los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial  resolviesen con prontitud los procesos vinculados con el tráfico de tierras en la  comunidad  campesina de Jicamarca. En la otra rivera, al absolver preguntas de personas víctimas de estafa, extorsión, falsificación de documentos, usurpación agravada, violación de domicilio, asociación ilícita para delinquir, litigios entre directivas comunales paralelas, nulidad de actos jurídicos, etc. ocurridos en Jicamarca; ha despertado el interés por acercarnos a los hechos en  diferentes fuentes: históricas,  actuados en entidades  públicas y órganos jurisdiccionales, obteniendo lo que más adelante sigue.

“La antigua región de Huarochirí comprendía los valles de Omas, Chilca, Lurín, Rímac y la parte baja del Chillón. A esta conclusión conduce la lectura de “Dioses y  hombres de Huarochirí” del padre Francisco de Ávila, de la “descripción y relación de la Provincia de Yauyos toda…”, del corregidor de Huarochirí, Diego Dávila Briceño, así como los valiosos estudios de  la zona que acaba de publicar María Rostworowski de Diez Canseco” (1).

“Uno de los riesgos que corren las comunidades campesinas situadas en las cercanías de grandes ciudades es la amenaza de invasiones de su propiedad territorial. Es el caso de la comunidad campesina de Jicamarca cuyo territorio comprende 100 mil hectáreas y abarca desde las serranías de Lima hasta los límites  con Chosica, Huachipa y Carabayllo” (2).

“¿Qué parte de las áreas de crecimiento de Lima pertenecen a comunidades campesinas? Básicamente el sur y el este. En el norte tenemos a la comunidad de Jicamarca, que tiene parte de Carabayllo, parte de Comas y casi todo Independencia; tiene parte de San Juan de Lurigancho, que ya es el este, y Ate. Allí se junta con la comunidad de Collanac, que toma parte de Ate y de La Molina hasta Cieneguilla más o menos. De allí, por el sur, Cucuya toma parte de Pachacamac y Lurín; todo lo que es Atocongo, hacia el fondo. Luego esta la comunidad de Chilca. Entonces, de norte a sur tenemos Jicamarca, Collanac, Cucuya y Chilca. Cualquier expansión hacia el este de la ciudad  (de Lima) encontrará que hay un reclamo de una propiedad inscrita de una comunidad. Y eso que no estamos mencionando a Llanavilla, que es tema aparte. Reclama para sí derechos de propiedad hasta el litoral. Tiene para sí Villa El Salvador; tiene parcelas inscritas a su favor en la quebrada de Manchay, que ha transferido a otra comunidad campesina que se llama Santa Rosa de Manchay” (3).

“La invasión y el desalojo son dos conceptos tan antiguos como la historia de los Estados y las sociedades… Las haciendas coloniales y republicanas se forjaron generalmente invadiendo las propiedades de los indígenas por medio de las encomiendas y las compras y ventas forzadas o engañosas respectivamente… La invasión es,  por lo general, un concepto asociado a la conquista de Estados, sociedades y propiedades por medio del poder coercitivo. Y cuando ella tiene éxito se legaliza y aparece legítima” (4).

Las comunidades campesinas es una de las instituciones y formas de organización más antigua en zonas rurales del Perú. Es fruto de diversos grupos originarios, tiene como punto inicial en los Ayllus, luego comunidad de indios, comunidad de indígenas y finalmente comunidades campesinas. Las diferentes denominaciones ha sido un factor para apropiarse de tierras, mover la estructura ancestral y jurídica creando incertidumbre y generando invasiones de sus tierras dentro de un Estado altamente burocratizado y corrupto. La frondosa legislación sobre comunidades campesinas y tenencia de tierras ha generado una informal y desordenada expansión urbana alrededor de  la ciudad de Lima, donde los actores principales de la planificación urbana  NO son, precisamente autoridades o funcionarios del Estado, sino más bien de organizadas bandas criminales que extorsionan, cobran cupos, invaden y trafican con  tierras comunales a humildes familias en un ambiente de zozobra y sicosis social; es el caso de la comunidad  campesina de Jicamarca en el Distrito de San Antonio, Provincia de Huarochirí, Región Lima. Si hoy, la  invasión no es por medio del poder  coercitivo, actúa el crimen organizado.

La propiedad registrada de comunidades campesinas, la situación litigiosa entre aquellas y terceros, asimismo,  la incertidumbre de los límites territoriales en la ley de creación de distritos, motivaron ordenanzas municipales luego cuestionadas ante el Poder Judicial y Tribunal Constitucional. El máximo tribunal ha establecido (sentencia del  02-08-2004) que  la demarcación territorial, que al final de cuentas es lo que ha realizado la Municipalidad Provincial de Huarochirí, es una atribución del Congreso de la República, la cual solo puede establecerse en virtud de una ley ordinaria, a propuesta del Poder Ejecutivo. Asimismo, en vista del serio problema suscitado en torno a la delimitación territorial de los límites entre las provincias de Huarochirí, Canta y Lima ha exhortado al Poder Ejecutivo y al Congreso de la República a poner fin a dichas controversias, ejerciendo sus competencias de acuerdo con la Constitución. En tal sentido, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la Ordenanza Municipal No. 000011, publicada el 06-09-2003, expedida por la Municipalidad Provincial de Huarochirí. Igual, en otra sentencia del 21-09-2010, expediente  00001-2010-PI/TC  declara fundada la demanda, en consecuencia inconstitucionales la Ordenanza Municipal No. 09-MDSA (27-04-2006) y  No. 11-MDSA (28-06-2006) emitidas por la Municipalidad Distrital de San Antonio, Provincia de Huarochirí. (Continuará).

            (1)     Alejandro Ortiz Rescaniere. Huarochirí, 400 años después. PUCP. Fondo Editorial, Lima 1980.      

          (2)     Blas Gutiérrez Galindo. Jicamarca: (Des) control de su territorio comunal. Lima 1998.

         (3)     Revista QUEHACER. Edición No. 179, julio-setiembre, DESCO, página 59. Lima 2010. 

           (4)     Senesio López Jiménez. Diario La República, edición del 01-06-2007.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCHIRI: INMUEBLE Y DEUDAS

En reciente visita a la ciudad de Huarochirí, ciudadanos y dirigentes comunales preocupados denuncian  la miopía y pasividad  de la actual administración municipal  frente a  la situación de un inmueble en Lima  y deudas a SUNAT, temas que datan desde hace  nueve  años.  En efecto, como  decía el Maestro Sixto Cajahuaringa  Inga: todo para exponer, nada para esconder. Sucede que por escritura pública del 17 de setiembre del 2002  sobre dación en pago otorgado por don HERMILIO A. HUAPAYA MATIAS  y esposa  LUISA J. LAMBRUSCHINI CALAZZA  a  favor de la Municipalidad  Distrital de Huarochirí representado por el Alcalde de aquel entonces don LADISLAO MACAVILCA TORRES, la mencionada sociedad conyugal transfiere  el derecho de propiedad y dominio de su predio ubicado en el Jirón García Naranjo  No. 181, segundo  piso,   Distrito de La Victoria, Lima, siendo el área 121m2. Ambas partes han valorizado el predio en la suma de S/. 45,000 nuevos soles. Ahora bien, ¿Por qué la Municipalidad Distrital de Huarochirí celebra  un contrato sobre dación en pago?

Ocurre que el  señor Contador  Hermilio A. Huapaya Matías ha celebrado un contrato de servicios profesionales con la municipalidad y la Empresa Municipal Huarochirí de Servicios Múltiples SAC,  y al no cumplir los compromisos contraídos  ha  reconocido adeudar a la municipalidad S/. 5,031.00 y a la empresa municipal S/. 29,507 nuevos soles, además de multas, recargos, intereses y otros conceptos, estableciendo  un total de S/. 45,000. Entonces,  como una solución amistosa suscribieron el referido contrato, desvinculándose el  Contador de  responsabilidad penal. Han transcurrido más de nueve años y los alcaldes  que han sucedido  desde el 2002 no han inscrito la transferencia, tampoco realizaron  acciones tendientes  al  desalojo  de los ocupantes   precarios que siguen beneficiándose en perjuicio de la municipalidad, mientras tanto, la actual  administración municipal  paga alquileres  por  oficinas  en  Lima. El departamento en mención se valoriza en $ 800 dólares americanos el metro cuadrado y se estarían dejando de percibir un aproximado de $ 600 ó  $ 700 dólares mensuales de renta nos informan los comerciantes de la zona. ¿Porqué dejar de percibir aquellos recursos propios?

Sobre deudas de municipalidades, existe un reciente informe remitido al Congreso de la República indicando que el 87 % de las municipalidades del país tienen deuda tributaria con la  SUNAT  ascendente  a  S/.  1,857  millones de nuevos soles, motivando que el  Poder Legislativo ya estudia dar un tratamiento excepcional al tema. La  Municipalidad Distrital de Huarochirí adeuda  a SUNAT por una infracción tributaria del año 2007. Igual,  la Empresa Municipal Huarochirí  de  Servicios Múltiples SAC a diciembre del 2010 adeudaba más de S/. 75,000 nuevos soles a la SUNAT. De los reportes  de la Administración Tributaria  se infiere que las deudas se han originado por la omisión y negligencia de  algunos  funcionarios  de la municipalidad y  obviamente  la nula fiscalización de los Señores Regidores.

Primera cuadra del Jr. García Naranjo
Fotos: SERCOVP.   

LA MESETA DE CHANCUYA Y EL BOSQUE DE PIEDRAS

El esplendor de la meseta 

CHANCUYA pertenece a la mitología  andina y  es uno de los cerros míticos más altos en la zona sur de la provincia de Huarochirí.  Cuando los pobladores de Huancata   refieren a CHANCUYITA  nos están indicando la cumbre  más alta  del cerro, 4,200msnm, ubicado en terrenos  con pastos naturales perteneciente a la  Comunidad Campesina de Huancata.  Aquella cumbre es una meseta rocosa con varias hectáreas casi rectangular, donde existen pequeños arbustos,  icho o “paja y puna”, avecillas y en el lado extremo sur oeste un gran bosque de piedras y otros encantos míticos  por explorar y explotar como destino turístico de aventura.  Lugar mágico y apacible, aire puro, visión panorámica    del  nevado o Apu  Pariaqaqa  y diversos pueblos de la provincia de Huarochirí y Yauyos. Vía de acceso: Carretera Lima-Cieneguilla-Antioquia-Chorrillos- Escomarca-Pacumanta-Aguacha.  De  Aguacha a la meseta  obligada caminata de un kilómetro aproximadamente, pero para fortalecer la salud.

Al acercarnos al bosque de piedras es impactante su estructura, altura y diversificadas formas que va adoptando en el día, por la tarde y la noche con  luna, orientando una percepción de figuras y que al visitante le  corresponde identificar. La estructura pétrea   con su rostro erosionado es  fiel testimonio de las inclemencias del tiempo, de leyendas y mitos relatados en el Manuscrito Quechua de Huarochirí. El enigma del bosque de piedras  y su contexto natural es fuente de inspiración, admiración y reflexión para vincularnos con la naturaleza. Es decir, como lo dijera el antropólogo Alejandro Ortiz, “intentar una aproximación que explique ese mundo vivo, complejo y hermoso que es la mitología andina… colorido diálogo entre el hombre y lo que él considera que son las fuerzas  sobrenaturales”.

Muy pronto se construirá la carretera que permita el  acceso a la cumbre con vehículos motorizados. En un extremo de la meseta se instalará una antena de Radio Huarochirí. Todo un valor  natural, patrimonial  e histórico para el pueblo de Huancata y la comunidad campesina. Debajo de estas líneas amiga o amigo lector apreciara el bosque de piedras.

Fotos: RH-SERCOVP, enero 2012.

MILNER CAJAHUARINGA UN 29 DE FEBRERO

 Milner  Cajahuaringa  García, nació en la ciudad de Huarochirí un 29 de febrero de 1932. Realizó estudios en su tierra natal, en Lima en el Colegio Guadalupe y  luego la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, ENSABAP; también estudio  medicina en Argentina.  Milner,  es uno de los más representativos pintores en la nómina de los artistas plásticos del Perú y con trascendencia internacional. En una  apretada  enumeración de su trayectoria, tenemos:  en el año  1961 es invitado a participar en la VI Bienal de Sao Paulo, Brasil, donde obtiene un reconocimiento de la división de Cultura de Itamaratí en Río de Janeiro;  1962 viaja a Buenos Aires y Santiago de Chile para exponer y formar una agrupación de Jóvenes Pintores Sudamericanos;  1963 vuelve a Brasil como Comisario del envío peruano a la VII Bienal de Sao Paulo; 1964 obtiene el premio de la Muestra y Concurso Internacional “Arte de América y España” y viaja a España becado por el Instituto de Cultura Hispánica; 1965-1986 es docente en la ENSABAP;  1968 fundador y co-director de la Galería de Arte  TRAPECIO, Lima;  1980-1991 es Presidente de la Asociación de Artistas Plásticos del Perú. Tiene en su haber más de 37 exposiciones individuales y más de 26 muestras colectivas tanto en Perú como el extranjero; Brasil, Argentina, Guatemala, México, EE.UU. Canadá, España, Portugal, Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, etc. Milner, en enero último fue  homenajeado  con una muestra colectiva organizado por la Asociación de Docentes de Arte y Artistas del Perú, ADAYAP.

Milner es una afirmación de identidad nacional y  personalidad que ha cultivado su arte sobre estructuras trapezoidales de la cultura  inca.  Refiriéndose a Machu Picchu en su  momento declaró: “Un día…  fuimos de viaje a visitar las ruinas.  Era cuando aún se podía dormir en ellas, y, al amanecer, en vez de arquitectura vi tres ventanas, tres trapecios flotantes en el espacio. Me dije entonces que  por ahí debía seguir”. En otro momento ha dicho: “La creencia de que el Intihuatana ataba al sol para que no muera la tierra, tiene cierta analogía con  mi problemática. En mis telas Inti, el sol, es un trapecio de color que ilumina y da vida al resto, sin el cual el cuadro no funciona”. La crítica especializada se ha ocupado del Maestro  Cajahuaringa. El Director de la Revista  DIART de Madrid, en 1978, sobre Milner  escribió: “… No pide ni exige, solamente pinta desde la evolucionada transformación de sus raíces y su pintura se llama América, y al  contemplarla  somos integrantes mestizos, absolutamente americanos”. En un diario local de Lima, junio 1968, leemos: “… Si en cualquier lugar del mundo quisiéramos identificar el lenguaje plástico estético con la cultura peruana, integrando el ayer y el hoy, nadie lo lograría mejor y con expresión más auténtica que Milner Cajahuaringa”.

Milner, Maestro de muchas promociones  en las artes plásticas cumple años.  Hace más de  diez  años se trasladó a vivir en  Cieneguilla. Su casa,  rodeado de árboles, el  cantar de las aves, un  cultivado jardín, es decir naturaleza  viva con su pureza, además de sus cuadros  con  formas trapezoidales  y colores flotantes  que son  una constante en su obra.  Milner  nos  dice: en Cieneguilla   tengo muchos vecinos, veo el paisaje,  veo el crepúsculo del amanecer en Pariaqaqa, veo el sol en todo su esplendor  y veo, también,  el arte para la eternidad  como la eternidad de Huarochirí y el Perú.

EL TESORO DE ORO Y PLATA RESCATADO

La explotación minera en la colonia obedeció a la política económica española sustentado en el mercantilismo. En los primeros tiempos de la conquista adquirieron oro y plata a través del saqueo o trueque con los aborígenes, luego vendría la explotación minera  orientado en aprovechar al máximo una veta y socavones en  centros mineros de los  siglos XVI y XVII: Potosí en 1545, Huancavelica en 1564, Cailloma en 1590, Cusco en 1590, Castrovirreyna 1591, Oruro 1608, Lucanas y Pasco en 1630. Al haberse creado en 1776 el Virreinato del Río de La Plata, significó para el Perú la pérdida de los centros mineros del Alto Perú, en especial Potosí; pero a la par se encontraron otras zonas mineras: Hualgayoc  en  Cajamarca, Huallanca en Tarma, Huantajaya en Tarapacá, Pasco, Huarochirí en Lima, entre otros. “El Peruano Independiente”, edición del sábado 22 de octubre de 1825 da cuenta:   “… el manto metalúrgico de Yauricocha produjo más de 40 millones de onzas de plata en los últimos 20 años…En el año de 1790 se amonedaron en Lima, 4 millones doscientos setenta y dos mil onzas de plata, y  48, 304 onzas de oro, siendo extraídos de las minas de Pasco la mitad de esa cantidad”. Entre  1790 – 1801 en Pasco se produjeron 13,276 barras de plata. Si a  esta mínima referencia minera,  agregamos  que la organización política y social del virreinato tuvieron consecuencias muy graves e  incontrolables   por  la inmensa  distancia que separaba  España de Perú; los virreyes  concentraron  en su persona innumerables atribuciones de índole diversa; funciones administrativas, legislativas y judiciales, eran en  la colonia verdaderos señores soberanos que disponían  de poder temible y perverso.

Bajo el Reinado de Carlos IV en  España y  Virrey en el Perú don Gabriel de Avilés y del Fierro, Marques de Avilés, 1801-1806, un navío español Nuestra Señora de Las Mercedes, partió  de Perú a Cádiz, España, transportando 17 toneladas de monedas de oro y plata valorizados en 500 millones de dólares; apetitoso cargamento para corsarios o piratas ingleses  quienes en su pretensión violenta para apropiarse los metales preciosos  el navío  naufrago en octubre de 1804, alojándose  el cargamento en el fondo del mar,   frente a  las costas de Portugal. 203 años después del naufragio, una empresa norteamericana “caza tesoros”  en mayo del 2007 ha rescatado  el tesoro acuñados en Lima con el retrato del Rey Carlos IV. En su momento, el Ministro de Cultura de España Sr. César Antonio Molina, declaró: “ese barco tiene bandera española y Perú nada tiene que reclamar por que en aquella época pertenecía a España”. La historiadora Cristina Mazzedo de la PUCP, sostuvo:  “… es cierto en esa época el Perú no era una comunidad política, era un reino de España, pero si se comprueba que esas monedas se acuñaron en el Perú, con oro en verdad extraído del Perú, entonces, más allá de los acuerdos internacionales, existe un tema ético y moral” (Takillakta del Perú). Después de varios años de litigio un Tribunal de Estados Unidos   ha decidido  el 01-02-2012, que el tesoro rescatado del fondo del mar sea devuelto a España, pues la empresa  “caza tesoros” Odyssey  y Marine Exploration OME, reclamaba para sí el íntegro del tesoro. Por su parte el Ministro de Educación, Cultura y Deporte de España ha informado que una vez repatriados las monedas, estas se distribuirán entre las diferentes  colecciones de los museos nacionales.

Se conoce que el Perú en julio del 2009 ha reclamado la propiedad del tesoro  y los descendientes de los comerciantes alegaban que el  navío  transportaba bienes privados. La historia registra antecedentes similares donde muchos tesoros expoliados  fueron devueltos a países como Italia, Egipto, Grecia, Colombia, inclusive el Perú, empero el señor Molina, Ministro en España,  da  una opinión con cierta dosis virreinal, pues, en un tema rodeado de historia social, política y económica, el Ministro español deja de lado la ética y la moral. La periodista María Luz Crevoisier ha sostenido: “Los peruanos consideramos que aplicar este fallo no sería justo, pues el tesoro fue extraído del Perú colonizado y fue rescatado cuando ya somos una república libre y soberana”. Entonces, El Ministerio de Relaciones  Exteriores y el novísimo Ministerio de Cultura  del Perú tienen la palabra, pues  los minerales de oro y plata  fueron extraídos del sub suelo peruano, luego  acuñados en Lima,  todo en un escenario  social de penosa explotación de indios hace más de 200 años.

PRESIDENTE HUMALA EN CALLAHUANCA, HUAROCHIRI

La Municipalidad Provincial de Huarochirí, en una importante  nota de prensa ha informado;  “se abrirán dos rutas turísticas gastronómicas para Huarochirí. La primera será Cochahuayco, ubicado en el distrito de Antioquia, con los derivados del membrillo y la manzana. La otra es Callahuanca, con las riquísimas chirimoyas…”  Agrega que dicho programa se realiza gracias al  MINCETUR  y la municipalidad provincial. La  noticia ha concentrado gran expectativa. Efectivamente, el  02-02-2012  el distrito de Callahuanca con la presencia del Presidente de la República,   Ministro del Mincetur,  Presidente de la Región Lima,  representación diplomática del Japón acreditado en el Perú,  Alcaldesa Provincial de Huarochirí, Alcalde Distrital de Callahuanca, entre otros  funcionarios, en acto público,  el Presidente Humala  lanzo el  Programa:   DE MI TIERRA, UN PRODUCTO. Gran cobertura periodística ha dado la vuelta al mundo sobre las bondades que genera la tierra  y   productores de  una gran fruta: LA CHIRIMOYA y sus derivados.   Con la prodigiosa fruta se promueve nuevos  destinos turísticos  alrededor de aires andinos,  flora y fauna en la cuenca del río Santa  Eulalia.  Quedo claro en el evento: se  destinara   recursos para mejorar la carretera, pavimentación, en  la zona y ejecutarse lo más pronto.  La  presencia  de altos funcionarios  del gobierno ha  creado  expectativa  sobre  nuevas noticias oficiales, nuevos proyectos, compromisos,  interés de empresarios por invertir, es decir,  dinamizar la economía local  con la agricultura,  turismo y  gastronomía, que según la fuente oficial incluye el distrito de Antioquia  (cuenca río Lurín) con la manzana y el membrillo, generando  desarrollo con inclusión social  y mejor calidad de vida  en ambas cuencas.

MINCETUR como ente rector  del  Programa  y  la  gestión  del gobierno  local de Callahuanca permite la   promoción  de la  CHIRIMOYA  y  este  incremente  las exportaciones no tradicionales, según las fuentes al Japón.  Ahora,  hay la expectativa  que se repita otro evento  en el distrito de Antioquia con la MANZANA y el  MEMBRILLO.   La   Chirimoya también es producto de bandera de los agricultores del pueblo de Cumbe, distrito de San Mateo de Otao, ellos han  registrado la CHIRIMOYA CUMBE  ampliamente conocida por la calidad de la pulpa y  su buen sabor.   El pueblo de  Cumbe   viene celebrando muchos años el  FESTIVAL  DE LA  CHIRIMOYA  CUMBE.  En Callahuanca también hay festival.

Para acceder al Programa: DE MI TIERRA, UN PRODUCTO,  la iniciativa puede ser desde una municipalidad local o desde el sector privado, es decir, el programa esta dirigido a instituciones públicas y privadas, contar con un proyecto y  al ser seleccionado,  hasta el 2016, se darán beneficios de capacitación en turismo, artesanía y comercio.  Es requisito, entre otros,   que   el centro poblado este ubicado a no más de 2 horas de distancia de una ciudad principal que cuente con todos los servicios públicos.   Más  información en www.demitierraunproducto.gob.pe  Nos  atrevemos   avizorar  que cada distrito o pueblo de la provincia  sea identificado con un producto,  bienes o servicios.  Un fuerte abrazo para los amigos y productores de Chirimoya en Callahuanca y Cumbe.

¿Y LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE LA VERDAD?

La Comisión de la Verdad y Reconciliación  fue creada por D.S. del 02-06-2001, firmado por el Presidente Valentín Paniagua Corazao. Citamos algunos de los objetivos de la CVR: a) analizar las condiciones políticas, sociales y culturales, así como los comportamientos que, desde la sociedad y las instituciones del Estado, contribuyeron  a la trágica situación de violencia por la que atraviesa el Perú, b) recomendar las reformas institucionales, legales, educativas y otras, como garantías de prevención… c) establecer mecanismos de seguimiento de sus recomendaciones. La CVR  entrego el Informe Final  al Presidente de la República el 28-08-2003; hoy, ocho años después esta en  agenda publica  si  dicho informe debe formar  parte en textos escolares y  enseñanza en universidades. Los  ciudadanos (as)  del Perú  de la década del 80 y 90 recordamos los hechos  de violencia y violación de los derechos humanos;  pero la generación de niñas y niños de aquellas décadas lo ignoran hoy,  y  si consideramos que en zonas rurales no hay el hábito  de  lectura  y/o  hay un  mínimo acceso a   bondades de nuevas tecnologías;  obviamente, que el Informe  de la CVR  no es conocida por un gran  sector de la población o no es  fuente de información obligada en la formulación de Políticas Públicas. Hay una constante, pareciera que  la regla de Ministros de Estado es: actuar después DE, después de un accidente de tránsito o  construcción civil, después de los muertos  habidos en un conflicto social o un Centro de Rehabilitación y  últimamente, después de que una “organización política”, precisamente, integrado  por muchos jóvenes  pretende inscribirse en el JNE.

La objetividad  y el exhaustivo Informe de la CVR  son indiscutibles. El informe describe la tragedia de un pueblo, los actores de esa tragedia, las cicatrices aun visibles,  y, propone recomendaciones para que no vuelva  repetir. La CVR  ha recomendado, por ejemplo: “Para que la historia no se repita, es imprescindible una profunda reforma de la educación pública, sobre todo en zonas más pobres”, “Desarrollar rápida y significativamente la educación de la población rural del país”, etc. Entonces: ¿Desde agosto del 2003 a la fecha los Ministros de Educación que se han sucedido  cumplieron  con establecer  el  o los mecanismos de seguimiento de las recomendaciones  dadas por  la CVR?  Creemos que NO. Igual, en varias sentencias del Tribunal Constitucional hay recomendaciones que no se cumplen;  la Defensoría del Pueblo sugiere, recomienda, exhorta, pero poco o nada  hacen los  gobiernos regionales y locales, principalmente. 

Consideramos que  el Informe de la  CVR y la sentencia judicial  de 700 páginas que condena  a Fujimori, hoy en cárcel dorada, deben ser editados por el Estado lo más relevante y  atendiendo recomendaciones de expertos, luego hacer entrega a bibliotecas públicas, lo cual facilitaría  a profesores, alumnos, estudiantes o investigadores  explicar: ¿Qué pasó?  ¿Por qué paso? ¿Quiénes fueron los actores  de los hechos? En la misma ruta, podríamos preguntar: ¿Qué pasó en Cajamarca en 1532?  Las fuentes documentales de la colonia ya deberían desclasificarse en España y los Conventos.  El novísimo Ministerio de Cultura ¿cómo promueve o incentiva investigar la verdad histórica del Perú?  Todavía no se conoce la  verdad íntegra sobre la guerra con Chile  o el destino del dinero por la venta de empresas públicas en la década del 90. Muchas investigaciones científicas publicadas desde la sociología y antropología van poniendo en duda la historia oficial  peruana. Esto explicaría  la poca solidez de vuestra llamada identidad nacional.