En este BLOG se ha publicado temas sobre la Comunidad Campesina de Jicamarca, Huarochirí, Lima, desde el 2012, específicamente, vinculado con invasión y tráfico de tierras comunales, más los procesos judiciales, que aún continúan y por tanto, aún siguen las invasiones, tráficos y nuevos procesos judiciales. También hay ciudadanas/ciudadanos que han comentado a partir de los artículos aquí publicados, advirtiéndose que muchos se ocultan en el anonimato, pero hay algo de verdad, sobre el cual sugerimos seriedad y responsabilidad, a efectos de “no condicionar” la publicación de sus comentarios. Sobre Jicamarca hay investigaciones muy serias por profesionales. Igual, es verdad, que algunos fiscales, jueces, policías, dirigentes comunales, dirigentes vecinales, inclusive autoridades del gobierno local, jueces de paz y empresarios aparecen siendo denunciados en los delitos antes mencionados; además, en muchos casos hay enriquecimiento ilícito. La informalidad en el Perú, la falta de planificación en el crecimiento urbano y las desigualdades han facilitado las invasiones y tráfico de tierras comunales. Por su parte, la precaria/miseria del sistema de administración de justicia tiene su cuota de responsabilidad. La pandemia de la corrupción mundial requiere contar con una sociedad civil creativa, imaginativa y fuerte, ante el abuso del poder público para obtener beneficios privados, que también están presentes en zonas urbano/rurales.
OTROMAS.- El 11-01-2020, se ha publicado en este BLOG un comentario cuyo título es: POBLACION VULNERABLE Y CONSORCIO SANGALLAYA, éste no cumplió con ejecutar una obra pública (canal de riego) en el distrito de Sangallaya. Jueces de Paz, Sub Prefecto, dirigentes comunales y usuarios de agua, al parecer no se dan por enterados de una inversión por más de tres millones y medio de soles (contrata del 2015).
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