El Blog es de información y encuentros virtuales, así como creación y utilización del conocimiento; observación e identificación de hechos sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales relevantes en la Región Lima y en especial la provincia de Huarochirí; llevando su problemática a la agenda y plaza pública. La credibilidad será el sustento para cada día ser más y mejores ciudadanas y ciudadanos.
Dos artículos aquí publicados el 10-12-2020 y 23- 12-2020, con los títulos: “PRESUPUESTO Y NUEVA CARRETERA CENTRAL” y “MUERTE EN COLAPSADA CARRETERA CENTRAL”, respectivamente, son complementarios al artículo aparecido en el último número de la Revista CANDIL, No. 36, páginas 12/13, bajo el título de “NUEVA CARRETERA CENTRAL EN AGENDA DEL BICENTENARIO”.
Lima, 25-12-2020.
W. Germinal
En este BLOG se ha publicado temas sobre la Comunidad Campesina de Jicamarca, Huarochirí, Lima, desde el 2012, específicamente, vinculado con invasión y tráfico de tierras comunales, más los procesos judiciales, que aún continúan y por tanto, aún siguen las invasiones, tráficos y nuevos procesos judiciales. También hay ciudadanas/ciudadanos que han comentado a partir de los artículos aquí publicados, advirtiéndose que muchos se ocultan en el anonimato, pero hay algo de verdad, sobre el cual sugerimos seriedad y responsabilidad, a efectos de “no condicionar” la publicación de sus comentarios. Sobre Jicamarca hay investigaciones muy serias por profesionales. Igual, es verdad, que algunos fiscales, jueces, policías, dirigentes comunales, dirigentes vecinales, inclusive autoridades del gobierno local, jueces de paz y empresarios aparecen siendo denunciados en los delitos antes mencionados; además, en muchos casos hay enriquecimiento ilícito. La informalidad en el Perú, la falta de planificación en el crecimiento urbano y las desigualdades han facilitado las invasiones y tráfico de tierras comunales. Por su parte, la precaria/miseria del sistema de administración de justicia tiene su cuota de responsabilidad. La pandemia de la corrupción mundial requiere contar con una sociedad civil creativa, imaginativa y fuerte, ante el abuso del poder público para obtener beneficios privados, que también están presentes en zonas urbano/rurales.
OTROMAS.- El 11-01-2020, se ha publicado en este BLOG un comentario cuyo título es: POBLACION VULNERABLE Y CONSORCIO SANGALLAYA, éste no cumplió con ejecutar una obra pública (canal de riego) en el distrito de Sangallaya. Jueces de Paz, Sub Prefecto, dirigentes comunales y usuarios de agua, al parecer no se dan por enterados de una inversión por más de tres millones y medio de soles (contrata del 2015).
El Presupuesto General de la República es un instrumento de acción política. Es un plan de gastos, inversiones y acreencias que ejecuta el gobierno en un determinado año. Por ejemplo, para el ejercicio fiscal 2021, se ha dictado la Ley de Presupuesto del Sector Público, cuyo cumplimiento es obligatorio por las entidades integrantes del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial; Ministerio Público; JNE, ONPE, RENIEC; Contraloría General de la República; JNJ; Defensoría del Pueblo; Tribunal Constitucional; universidades públicas; y demás entidades y organismos que cuenten con un crédito presupuestario aprobado en la citada ley. También, es de obligatorio cumplimiento por los gobiernos regionales y gobiernos locales, y los respectivos organismos públicos. Asimismo, se aprobó la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público y la Ley de Endeudamiento del Sector Público, 2021. Para el año 2021, el Presupuesto Anual de Gastos es: ciento ochenta y tres mil veintinueve millones setecientos setenta mil ciento cincuenta y ocho soles. Ahora bien, en la precitada Ley de Presupuesto del Sector Público 2021, artículo 21, sobre financiamiento para inversiones ejecutadas mediante contrataciones de Estado a Estado, numeral 21. 1, literal b) se establece: “Hasta por la suma de sesenta y ocho millones quinientos ochenta y un mil novecientos setenta y uno y 00/100 soles, por la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, en el pliego Ministerio de Trasportes Y Comunicaciones para el financiamiento de la Nueva Carretera Central”. Estimados lectores, dicha norma es coherente con el DS. No. 009-2018-MC que aprueba la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, al precisar como obra emblemática del Ejecutivo, MTC, la “SOLUCION CARRETERA CENTRAL”.
¡¡LA CIUDADANIA EN GENERAL ESTA PENDIENTE DEL PROCESO DE UNA NUEVA CARRETERA CENTRAL Y TAMBIEN SOBRE LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO!!
La ruta: Cieneguilla (río Seco)-Antioquia-Escomarca-Huarochirí y viceversa, según el MTC no califica para carretera; ES TROCHA CARROZABLE y recorre territorio más de 5 distritos. y como sabemos carece de mantenimiento oportuno y adecuado por parte la Región Lima. Nos informan, los entendidos, que hay material existente al lado de la trocha carrozable y es apropiado para el mantenimiento; aunado a ello, tanto la Región Lima como la Municipalidad Provincial y distritos involucrados cuentan con maquinaria pesada. El hecho que la Región Lima sea responsable del mantenimiento, no impide el apoyo por parte de municipios. Al parecer, no funcionan consensos para solucionar el mantenimiento de la trocha. Es una irresponsabilidad o estafar, invitando hacer turismo, cuando no hay garantías de seguridad vial, óptimos servicios públicos (restaurant, hospedaje, salubridad, etc.). No se informa el estado de las trochas carrozables existentes; menos se informa que la polvareda generada es tóxica al estar impregnada con gases que arrojan los volquetes, camiones y buses, siendo dañino para la salud humana, la flora y fauna, el agua, el aire, etc. Dicha ruta NO reúne los parámetros necesarios para el transporte terrestre, por contar con pendientes pronunciadas; en épocas de lluvias la trocha presenta desniveles (baches), huecos y encalaminados por los volquetes de doble eje, que dificultan el paso de los vehículos y el desgaste prematuro de estos. Al ejecutarse el mantenimiento, hay actividades de SUPERVISION: actividades previas, durante y recepción/liquidación final de la obra. Por su parte, es deber de los alcaldes informar a la población cuánto es el costo de la inversión, qué empresa ejecuta y qué entidad o empresa supervisa. No basta inaugurar o informar que se inició tal o cual obra; lo que interesa al pueblo es cómo ha concluido la obra. De esto no se dice nada y las sospechas son muchas. Puede ocurrir: contratista no cumple con el plazo, hay deficiencias en la ejecución, pésima dirección técnica, se haya aumentado los costos, se haya utilizado material de segundo uso y dudosa calidad, compras y contratos por montos sobrevalorados, o que la obra “aparezca ejecutado en el papel” y en realidad no exista, no se haya liquidado la obra, etc. Estas modalidades ilícitas y otras aparecen en los procesos judiciales seguidos contra gobernadores regionales, alcaldes y otros funcionarios. Y, como la administración de justicia en el Perú es precaria, es lenta, es una estafa “que el agraviado/perjudicado aparezca el Estado”, cuando en realidad el afectado directo es la población. Finalmente, ¿por qué el mantenimiento se hace al final de cada año y a pocos días de lluvias? Consideramos/sospechamos que al iniciarse la época de lluvias la obra en proceso se paraliza, se suspende y no cumple con el objetivo del mantenimiento, lo cual implica que dicho proceso sería fuente de corrupción…
