10 MILLONES DE PÉRDIDAS AL ESTADO

La Contraloría General de la República ha informado que son 10 millones de nuevos  soles que el Estado pierde al año  por actos de corrupción. En buena cuenta,  dicha suma representa el 2 % del PBI.  Muchos actos ilícitos quedan  impunes por transcurso del tiempo (prescribe la acción penal según la ley peruana) y luego el autor  vuelve a desempeñar un cargo público;  en otros casos, el autor o autores del ilícito son procesados y condenados penalmente, pero  en la mayoría de  casos  no pagan la reparación civil en favor del Estado. Para disuadir hechos dolosos en agravio del Estado, en el Congreso de la República existen 3 proyectos de ley: a) la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública  a efectos de que  los hechos dolosos no prescriban, por tanto no  queden impunes, b) la inhabilitación perpetua  mediante el cual el funcionario público que ha sido condenado por delito de corrupción en agravio del Estado no vuelva jamás a postular o ser nombrado en un cargo público y c) la muerte civil,  dirigida a las personas con sentencia condenatoria que al no pagar la reparación civil fijada no tengan acceso al sistema financiero. Sin embargo, el ocio legislativo e intereses oscuros en el Congreso bloquean que aquellos proyectos se conviertan en ley.

Estimamos, que en una eventual reforma constitucional debe  establecerse  una prohibición: que el  Congresista no ejerza cargo de Ministro de Estado. Igual, presidentes regionales, consejeros, alcaldes y regidores deben cumplir su mandato y no “abandonarlas” para postular a otro cargo, aquellos han jurado ejercer el cargo por un periodo determinado. La realidad de estos tiempos exige que deban suprimirse las excepciones a la ley, lo pernicioso de conductas y comportamiento de funcionarios públicos así lo exige. La ciudadanía percibe corrupción, corruptelas, enriquecimiento indebido y robos a las arcas fiscales como el que denuncia la Contraloría General de la República.