En tiempos del Tawantinsuyo el oro y la plata eran considerados metales sagrados y decorativos. Con la conquista española la minería es explotación laboral, ambición, maldición; pobreza para indios y riqueza para el conquistador. También, la actividad minera genera contaminación ambiental, es decir, contamina el agua, afecta la flora y fauna, genera prostitución, delitos ambientales, corrupción, usurpación de tierras, etc.
La Defensoría del Pueblo a diciembre del 2019 ha registrado 184 conflictos sociales, el 70% de estos es de naturaleza socio ambiental. Asimismo nos dice: que en varias comunidades campesinas hubo incumplimiento de acuerdos y compromisos con empresas mineras, Otras comunidades campesinas han solicitado la nulidad de Estudios de Impacto Ambiental por haberse vulnerado el derecho a la consulta previa. También, la Defensoría ha reportado conflictos mineros en la provincia de Huarochirí, una provincia donde el 60% de su territorio es mineralizado. Por ésta razón, en la cuenca alto andina del río Mala, hay preocupación por actividad minera sin consulta social; mientras que un miembro de la PNP el miércoles pasado ha informado en SL de Quinti, graves consecuencias contra la naturaleza.
En el País como en la Prov. de Huarochirí hay explotación minera desde hace mucho tiempo; pero el desarrollo es lento; hay carencia de carreteras, pésimo mantenimiento, cero mejoras. Tampoco, la Municipalidad Provincial de HRI hace cumplir a la Región Lima ejecute el mantenimiento de rutas que le corresponde. Ahora, se aproxima conflictos con la minería. NO hay respuesta pública a un problema muy sensible. Estamos adormecidos en fiestas y frivolidades, pero nada por la soberanía de los recursos naturales. La vida social competitiva y acelerada es más visible que la educación, ciencia y cultura.
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