Era 01 de julio 2013 cuando medios de prensa informaron de un accidente de tránsito ocurrido en la cuenca del río Mala, Yauyos, falleciendo 22 personas y más de 15 heridos. Se trataba del vehículo siniestrado conducido por MARCELO RAFAEL QUISPE CAYCHO, DNI. 09122357, natural de Calango, Cañete, bus que no estaba habilitado para operar ni contaba con Certificado de Revisión Técnica Vehicular. Las miserias de la Administración de Justicia hicieron que el proceso penal lo desarrolle un Juez de Paz Letrado, en un distrito de Yauyos, a 5 horas de Lima.
Viajes de agraviados y Fiscal al Despacho Judicial, con gastos, tiempo y riesgos; errores, nulidades, ausencia del Fiscal a la audiencia y retardo, ha desintegrado y desmoralizado a familias, a tal punto de no creer en el sistema de justicia.
Para el juicio oral, con un Juez Penal Unipersonal de Mala, la defensa de algunos agraviados han sostenido: “Si la PNP, Alcaldes, Presidentes Regionales y el propio MTC, hubieran cumplido el deber legal que le asigna la ley, el vehículo siniestrado no habría circulado (habría sido internado), por tanto, no se producía el accidente”. Nos referimos a la PNP y alcaldes de las provincias de Huarochirí, Yauyos y Cañete, en la Región Lima.
Por su parte, el acusado fríamente calculando la decisión judicial ACEPTA LA COMISIÓN DEL DELITO COMETIDO. El 19-03-2019, se dicta sentencia, condenando al acusado a 8 años y 7 meses de pena privativa de libertad efectiva; reparación civil 40, 000 soles por cada fallecido y 10,000 soles por cada herido. Y, algo absurdo, la sentencia considera como tercero civil a la Empresa de Transportes Santa Cruz de Calango, pero ésta solo existe en el papel, por no decir estafa. Ha concluido así un proceso penal después de casi 5 años de ocurrido el accidente, en medio de manifestaciones públicas tanto en Ayaviri como en Mala. ¿Cuándo se cumplirán los plazos en la administración de justicia? ¿Por qué la PNP y alcaldes omiten cumplir el deber legal? Corrupción seria la respuesta.
(Continuaremos)
