La Defensoría del Pueblo ha reiterado que la difusión de imágenes, sin autorización, de personas heridas, sobre exámenes médicos o diligencias judiciales es un delito; toda vez que lesiona el derecho a la intimidad personal. La responsabilidad del Estado, con la protección de aquel derecho, exige a todas las entidades públicas a establecer mecanismos o protocolos que aseguren la no difusión de imágenes u audios que afecten la intimidad personal.
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