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Siendo Presidente de la comunidad campesina de Jicamarca el
señor Dionisio Huapaya Jiménez se han producido con celeridad
inusual los siguientes actos:
- 20-10-1999, fecha de una citación para
Asamblea Comunal Extraordinaria
- 06-11-1999, fecha de legalización del Libro de
Actas. Notario Ljubica N. Sekula Delgado.
- 08-11-1999, fecha de la Asamblea cuya
agenda es transferir terrenos
- 24-11-1999, fecha de la minuta de
transferencia
- 24-11-1999, fecha de la escritura pública.
Notario Cesar H. Bazán Naveda
- El comprador Jorge Velazco Murillo y otros
renuncian más de 50 hectáreas. Escritura pública del 09-05-2002. Notaria, María
Soledad Pérez Tello.
Este caso se ventila ante el Juzgado Mixto de Huarochirí,
Matucana. Se pretende en el proceso, la nulidad de la Asamblea del
08-11-1999. Entre los argumentos se expone que no se produjo ninguna Asamblea, 93
comuneros que aparecen firmando el Acta no estuvieron presente, se falsificaron
firmas, etc. Similares argumentos ocurre en los procesos 89-2002, 96-2002-C y
101-2002. Una muestra del remate de tierras comunales sucede, por ejemplo: en
el Libro de Actas No. 23 legalizado ante Juez de Paz el
28-06-2006 a folios 124/140 aparece la Asamblea del
28-10-2006, fijando como agenda la venta de terrenos comunales. El Acta
menciona 19 transferencias de 44 mil hectáreas
por un valor aproximado de S/. 140,000.00.
No.EXP. NULIDAD DE
ASAMBLEA M2/HECTAREAS
101-2002 05 de octubre de
1999 30,330
m2.
89-2002 08
de noviembre de 1999 400
has.
105-2002 08 de noviembre de
1999 205.13
has.
96-2002 03
de abril del 2000 247.33 has.
Muchos
compradores son traficantes de tierras comunales, otros testaferros, financistas,
operadores de invasiones (generalmente delincuentes). El comprador, luego, realiza
transferencias en serie de lotes vía minutas y escritura
pública donde el nuevo adquiriente es victima de estafa dado que no
hay independización, más bien hay superposición de lotes en el
Registro ó el lote esta ocupado por terceros que,
también, tienen contratos de transferencia o certificados de posesión. En otros
casos, el comprador encarga y financia invasiones para desalojar a humildes
familias y obtener mayor ventaja económica con nuevas
transferencias. Tanto minutas como escrituras públicas se
formalizan no obstante procesos judiciales en trámite.
Obviamente,
los afectados y la población perciben que el Estado ha perdido autoridad en la
problemática de expansión urbana en tierras comunales. El Ministerio Público y
el Poder Judicial invierten ingentes recursos públicos sin producir
solución oportuna. Hay corrupción en la Administración de Justicia lo
admite el Presidente del Poder Judicial, Dr. César San Martín. Subsiste la
tenencia ilegal de tierras, informalidad y desordenada expansión
urbana; asimismo, debe ponerse fin a la incertidumbre y controversias de
límites territoriales que el Tribunal Constitucional ha exhortado al Poder Ejecutivo y
Congreso de la República hace 7 años.
El pueblo y la
comunidad campesina de Jicamarca han perdido su territorio por la incertidumbre
de límites territoriales no precisados en la ley de creación de distritos,
provincias y el ocio legislativo. Asimismo, por la acción dolosa de muchos
dirigentes comunales y la pasividad o complicidad del Ministerio de Vivienda y
Municipalidades en temas de expansión urbana. ¿Cuánto dinero han
acumulado los traficantes de tierras en perjuicio de la
comunidad campesina de Jicamarca? Existe acuerdo de la comunidad en el sentido de que el dinero por la
venta servirá para carreteras, agua potable, etc. Funcionarios del
Ministerio de Agricultura nos informan que las comunidades campesinas gozan de
autonomía en su organización interna, por tanto no pueden hacer ninguna
fiscalización. Obviamente, hay intereses que se protegen y responsables
que se ocultan con el manto oscuro del poder.
Nota.-
Nuestra unidad de investigación prosigue su labor. Agradecemos a las
personas victimas de estafa, invasiones, usurpación y extorsión, por su
valentía en facilitar nuestra labor.
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