El profesor
de Ciencia política, Políticas
públicas y Gestión pública, Joan Subirats Humet, nos dice: “El debate sobre las políticas públicas, el tipo de políticas públicas,
cómo construirlas va adquiriendo mayor protagonismo… No podemos confundir políticas públicas con políticas de los
poderes públicos. Las políticas públicas tienen que ser combinaciones,
variables y eficientes de protagonismos sociales, mercantiles, de redes
sociales, de personas, de familias y de los poderes públicos”. Pues bien,
en la sociedad de la información y el conocimiento tenemos acceso a mayores debates en las redes sociales, por ejemplo, lucha por
la igualdad, inclusión social, medio ambiente, igualdad de oportunidades, etc.
Entonces, los actores públicos para la toma de decisiones en la gestión pública
deben contar con un conjunto de datos numéricos obtenidos de la realidad. El
actor público en zona rural tiene que estar informado sobre cantidad o
distribución de la población, producción agrícola o ganadera, aumento o
disminución de la frontera agrícola, bienes, despoblamiento; cobertura y calidad
del sistema educativo, aumento o disminución de la desnutrición crónica
infantil, etc. Es a partir de los datos cuando la Estadística se convierte en
un importante instrumento del Estado. El uso de la Estadística es un servicio
al Estado. La Estadística ayuda responder: ¿Qué nos falta? ¿Cómo estamos? ¿Hacia dónde vamos?
Cómo
podemos usar la Estadística para: analizar
si la calidad de la educación mejora en las provincias andinas de Lima ó en
especial la provincia de Huarochirí. Predecir si ocurrirá una situación de
emergencia ambiental en las cuencas de la Región Lima. Evaluar la calidad de
gestión pública municipal en la provincia
de Huarochirí. Igual, evaluar la calidad
del gasto público y el grado de impacto social. En dicha provincia, la
Alcaldesa informa: “cada año hay más de
300 convenios participativos… estamos en
setiembre (2010) y ya tenemos 200 convenios”, “esperamos
captar en 2 centros de acopio más de 2
mil litros de leche diarios”, “se desarrolla la inseminación artificial y
mejoramiento genético de ganado vacuno”. Es cierto, se publicita convenios,
proyectos, estudios, Plan Pariakaka, Plan de Desarrollo Local de la Provincia
2008-2018, inversión en canales de riego, inauguraciones, clausura de eventos
académicos, etc. Pero, no hay datos de
resultados, no hay datos oficiales disponibles de si tal o cual convenio o
proyecto ejecutado es sostenido y beneficios; es decir, no se hace uso de la
Estadística para que ciudadanas y
ciudadanos no permanezcan en la incertidumbre en temas de transparencia,
equidad y calidad del gasto público. En el Plan Pariakaka nos gustaría
conocer con cifras reales el impacto sobre la pobreza. ¿Se sostiene el programa
mejoramiento genético de ganado vacuno? Las metas de inversión en canales de
riego se han cumplido? ¿Qué tanto de crecimiento de la economía local tenemos? ¿Cuántos
egresados de secundaria siguen estudios? Sin
datos estadísticos de resultados parece que las cosas están como siempre
estuvieron.
En
la otra rivera, se pregunta al autor de estas líneas sobre la pavimentación de la carretera CHONTAY-ANTIOQUIA,
27 kilómetros, inversión S/. 8, 323,952.62, plazo de ejecución 6 meses, ya vencido
con exceso. También se pregunta sobre el
proceso penal por delito de peculado contra
el Gerente General de la empresa
SAMO SAC, ex tesorero municipal y
un
Contador Público Colegiado en agravio de la Municipalidad Distrital de
Huarochirí; pues la municipalidad no recibió las 12,441 bolsas de cemento pactados,
sino solo 6,453; sin embargo, se pago
dolosamente a SAMO SAC S/. 213, 985.20
como si hubiese entregado las 12,441
bolsas, hecho ocurrido en el año 2007. En el primer caso, haber si los Congresistas
de la Región Lima interponen sus buenos
oficios y fiscalizan la ejecución del
gasto de pavimentación; y, en el caso del cemento la población de Huarochirí
espera pronta decisión del Poder
Judicial (Juzgado Penal de La Molina y
Cieneguilla), casi 3 años desde la denuncia ya genera “beneficios” para los
acusados. Los gobiernos regionales y
locales deberían publicar en su Portal de Transparencia a proveedores, profesionales y empresas contratistas que NO cumplen con los compromisos contraídos o
cometen actos ilícitos en agravio del
Estado.
