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SERVICIOS PUBLICOS EN LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI (primera parte)
Viajar a la ciudad de Canta, nos encanta con el servicio de transporte terrestre que ofrece la empresa TRANSPORTE TURISTICO MI CHAPERITO, caracterizado por la puntualidad, asientos confortables, conductor respetable y presentable. Si a ello agregamos el servicio en restaurantes, estamos motivados para volver; y, con aquellos servicios no dudaríamos recomendar a nuestras amigas y amigos visitar Canta. Obviamente, los servicios en mención están dentro de la esfera de la iniciativa privada. Pero, pasemos a la otra rivera de los servicios públicos de electrificación y telefonía rural.
Obra Pública y Servicio Público. Una obra pública es de interés general y destinado al uso público, por ejemplo, carreteras, canales de riego, pavimentación de calles y vías, puentes, represas, centrales hidroeléctricas, etc. Las obras públicas determinan distintos servicios públicos, estático el primero y dinámico el segundo. El uso de una obra pública, en sí, es gratuita y oneroso el disfrute de los servicios públicos. Una obra pública no requiere más que personal de vigilancia, reparación o mantenimiento; mientras que en los servicios públicos se requiere todo una organización personal compleja. El servicio público es de carácter técnico prestado al público de manera regular y continua para satisfacer una necesidad colectiva por medio de entidad pública o privada con contratos de concesión o autorización sujeta a veces a la presión del poder económico y político. La eficacia y eficiencia de un servicio público tiene relación directa con la educación, cultura y el grado político en un país. En zonas de rudimentaria estructura social las necesidades públicas se satisfacen o no se satisfacen. En todo servicio público tenemos funcionarios y servidores (recursos humanos), edificios, locales, vehículos (recursos materiales), lucro o beneficio económico; siendo la finalidad el mantenimiento del orden público, recaudación de tributos, enseñanza, comunicaciones, etc.
El Estado. La Defensoría del Pueblo precisa lo siguiente: Es deber del Estado proteger los intereses de los usuarios y consumidores. Los servicios públicos domiciliarios (agua potable y saneamiento, electricidad, telefonía, entre otros) son especialmente sensibles debido a las menores posibilidades de libre elección que tienen los usuarios y al carácter básico de la prestación para la vida, la salud o el desarrollo. La calidad del agua potable esta vinculado directamente con la salud pública; la electrificación rural beneficia con más tiempo y mejor ambiente para estudiantes de todo nivel, más horas en la producción artesanal, asimismo, nuevas fuentes de información, conocimiento y entretenimiento, vía telecomunicaciones. Y, la telefonía da la satisfacción personal, familiar, inclusive empresarial para estar comunicados, dinamizar las actividades económicas en zonas rurales, etc. Sobre los dos servicios públicos habría que preguntar: ¿cuál es el impacto de la energía eléctrica y las telecomunicaciones en el desarrollo de la provincia de Huarochirí? ¿Hay más eficiencia y eficacia en la administración y gestión pública en el gobierno local? Obviamente, no hay fuentes o datos estadísticos disponibles. Un referente de estudio a considerar puede ser: en los distritos de Tantaranche, Huancayre, Anchucaya, Huarochirí, Quinti, Sangallaya, Mariatana, Langa, Lahuaytambo, Chorrillos, Olleros, San Damián, Tuna, Tupicocha y Antioquia cuentan con energía eléctrica y telefonía hace apenas 20, 15, 10 y 5 años. Además, tenemos el siguiente universo de usuarios: El Pequeño Sistema Eléctrico Huarochirí, Primera Etapa, cuenta con 3, 301 clientes, según datos proporcionados por ADINELSA al 11 de abril del 2007. Esto qué significa, dirá usted amiga o amigo lector, pues al pago del consumo de luz, agregamos el pago del Impuesto General a las Ventas, IGV, que el usuario puede verificar en la factura de cada mes.
Derechos, Obligaciones y Supervisión. La implementación de servicios públicos, obviamente, genera derechos, obligaciones y actos de supervisión. Inmerso en el tema están el usuario del servicio, la prestadora del servicio y los entes reguladores. Electroperú, Luz del Sur, ADINELSA, Telefónica del Perú, Claro, OSINERGMIN, OSIPTEL, FITEL, municipalidades, etc. Existe el derecho del usuario al acceso a los servicios públicos, el secreto de las telecomunicaciones y la protección de datos que obliga a las empresas concesionarias a salvaguardarlos, el aviso al usuario sobre la interrupción del servicio; la obligación de la concesionaria de brindar a los usuarios la información básica que debe facilitar la empresa operadora, cumplir con la tarifa de electricidad rural, equipos de medición del consumo, etc. En la provincia hay un crecimiento del mercado de telefonía móvil, pero también hay una serie de quejas de los usuarios por falta de cobertura en algunas localidades, además del elevado costo. ADINELSA es la empresa estatal que debe administrar las obras de electrificación construidas en zonas rurales y aisladas; OSIPTEL es el organismo supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones, y, la encargada de regular y supervisar el mercado de servicios públicos en telecomunicaciones, impone sanciones; OSINERGMIN fiscaliza el cumplimiento de la ley, reglamento y demás normas aplicables a electrificación rural.
Finalmente, trasladamos a la autoridad competente lo siguiente: en las localidades de Sangallaya, Huancata, Quiripa, Palermo, Huanchac, Pucllucanchi, Alloca, Coranche, entre otros pueblos, de la zona sur de la provincia siempre se interrumpe el servicio de energía eléctrica por 2, 3, 5 y 8 días. Esto se agrava por la imposibilidad para la carga de baterías de celulares, TV, alumbrado, electrodomésticos; sin embargo, los usuarios pagamos como si el servicio fuera eficiente. Los usuarios no están organizados, no hay presencia de la entidad supervisora, la Defensoría del Pueblo solo exhorta o recomienda, mientras que algún técnico de ADINELSA al parecer le “conviene” las interrupciones del servicio de luz. Una primera propuesta al tema es la difusión de los derechos del usuario y consumidor, y organización de los mismos, promovida desde los gobiernos locales en zonas rurales. Continuaremos.
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