La promoción
del turismo interno en Perú esta asociado a la seguridad vial. PROMPERU
informa que el “turismo interno dinamiza
la economía regional, 700 millones de dólares habría generado feriados largos
de junio pasado”; luego agrega: “es la mejor forma de redistribuir riqueza y
fomentar la inclusión social. El día de San Pedro y San Pablo es una festividad
que dejará más de US $. 100 millones o
que cada feriado genera un movimiento económico de 250 millones de dólares”.
Bien por el dinamismo de la economía ¿y la seguridad vial? La ley peruana establece
competencias y atribuciones de control y fiscalización muy puntuales para el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, gobiernos regionales, municipalidades,
Policía Nacional del Perú y el INDECOPI.
El Estado ha dotado de los instrumentos normativos para aquellas entidades
públicas que deben ¿garantizar? la seguridad vial con actos de control y
fiscalización oportuna a empresas de transporte público de pasajeros que operan
en diversas rutas a lo largo y ancho del país.
Si la economía
regional se dinamiza, entonces también aquellas entidades publicas (Estado) deben dinamizar
las actividades de control y fiscalización a las empresas del transporte de pasajeros,
es decir, no hacerse de la vista gorda, sino más bien asumir una actitud preventiva de control, vigilancia y
fiscalización, principalmente de la PNP, gobiernos regionales y locales. Pero qué sucede si estas entidades no
cumplen a cabalidad sus competencias y atribuciones en temas de transportes
publico de pasajeros? La omisión del deber funcional genera alguna
responsabilidad de aquellas entidades, servidores y/o funcionarios públicos?
Cuando en carreteras circulan vehículos de transporte de pasajeros sin SOAT,
sin Revisión Técnica Vehicular (RTV) vigente significa que el Estado no es
eficaz en sus actividades de control. La consecuencia inmediata por no poseer
SOAT ó RTV vigente es: el BUS no debe circular. Donde no hay control y/o
fiscalización hay corrupción. Por el lado de empresas de transporte de pasajeros hacia el
interior del país muchos operan informalmente, servicio precario y de baja
calidad; ¿hasta cuándo la gente que viaja por carreteras del ande seguirán
excluidos del sistema de seguridad vial?
Si al control y
fiscalización cero, agregamos el estado de carreteras y conductores irresponsables,
el usuario del servicio expone su vida cuando aborda el BUS. El control estatal
tiene que circunscribirse sobre los parámetros constitucionales de protección o
defensa de la persona humana. Los accidentes de tránsito rebasan la esfera
personal y trasciende a la comunidad entera, pues, pareciera que las
autoridades competentes tienen la idea de que los accidentes de tránsito en
rutas del Perú profundo son meros incidentes aislados. Pero cuánto pierden los
hogares de familia, la colectividad o el Estado con tantas volcaduras y pérdida
de vidas humanas? Si el Estado fuera eficiente en el control y fiscalización
muchos accidentes no habrían ocurrido. Si el usuario del servicio conociera que
tal o cual vehículo no cuenta con SOAT o RTV vigente, abordaría el BUS? Desde
el Estado se promueve el turismo, pero que garantía nos ofrece
en seguridad vial? ¿No se articula las actividades de control en
seguridad vial? En temas de carretera el periodista Mirko Lauer nos dice: “Muchas de las pistas de prácticamente todo
el país ahora son además coto de asaltantes, choferes homicidas, empresas
irresponsables y autoridades indolentes. Verdaderamente todos impunes”. Ojalá la justicia no sea un bien escaso, esquivo
o den las espaldas a las victimas del accidente de tránsito ocurrido el
01-07-2013 en la provincia de Yauyos, Región Lima, donde fallecieron más de 20
personas.
